Analiza el fundamento de la autoridad de la judicatura en general y de la Corte Suprema en particular, para ejercer el control judicial de los actos legislativos y ejecutivos. Se interroga respecto de la legitimidad de la presunción según la cual la inteligencia correcta de la Constitución es aquélla que realiza la Corte; discute la validez de la opinión, generalmente aceptada, de que esa facultad excluya la posibilidad de que los otros dos poderes del Estado tengan iguales facultades al respecto.