Se destaca la creación de los nuevos organismos de control como la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y los denominados entes reguladores, que controlan la prestación de los servicios públicos por parte de las empresas privatizadas, cuya regulación se analiza en esta publicación. Asimismo, se ha incorporado el tratamiento de la responsabilidad del Estado por la actividad del Poder Judicial y, en relación a dicho poder, se estudia el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.