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Beneficio de litigar sin gastos
Mediación. Formas de iniciación. Competencia. Partes. Procedimiento. Prueba. Ampliación. Requisitos. Efectos. Caducidad de instancia. Alimentos. Sucesiones. Proceso laboral. Honorarios. Actuación del fisco.
Tipo: Libro
Edición: 2da
- Editorial: Astrea
Año: 2003
Páginas: 288
Publicación: 31/12/2002
ISBN: 950-508-621-0
Tapa: Tapa Rústica
Formato: 15,7 x 23 cm
Libro físico
Agotado
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $41,5 (mínimo 3 meses)
JA, 2005-IV, fas. 11, 14/12/05
El lamentable proceso de deterioro económico de grandes sectores sociales que viene desarrollándose con impiadosa fuerza las últimas décadas constituye un hecho notorio.
Junto con el empobrecimiento generalizado –ya que la merma de recursos económicos ha venido acompañada de la de los recursos educativos y culturales de millones de argentinos– también observamos una mayor necesidad de acudir a la justicia en busca de protección.
El Poder Judicial se ha convertido en la última esperanza de aquellos que, sintiéndose desprotegidos por la ley y el gobierno, bregan porque sea el pretor quien les restituya las prerrogativas desconocidas ya sea por el mismo Estado o bien por sus pares.
En esa grave tensión cobra especial brillo la figura que analiza el profesor Diaz Solimine en esta segunda versión actualizada y ampliada de su obra ya clásica Beneficio de litigar sin gastos.
La herramienta procesal que se aborda en el texto que comentamos es la preciosa llave que hoy más que nunca asegura la vigencia del debido proceso y permite que nuestra Nación cumpla de tal modo los compromisos asumidos internacionalmente al suscribir una serie de tratados –muchos de ellos con rango constitucional desde la reforma de 1994– por los que se obligó a sí misma a proveer los medios para que todo habitante sin distinción basada –entre otras– en su condición económica pueda gozar de la posibilidad de acudir a los tribunales cuando lo considere necesario.
El libro de Diaz Solimine aborda este instituto de modo detallado, permitiendo un adecuado conocimiento del mismo.
La obra mantiene –en líneas generales– la estructura de su anterior edición, pero viene enriquecida con novedades tanto normativas como jurisprudenciales.
En el plano legal, la sanción de la ley 25.488 de reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación introdujo una serie de cambios en la estructura y funcionamiento del beneficio de litigar sin gastos.
El autor aborda estas cuestiones en las que se presentan rasgos innovadores: la intervención en el proceso incidental del representante del fisco –naturalmente interesado ante las consecuencias que la concesión de la franquicia proyecta sobre la tasa de justicia–, una diferente modalidad en el desarrollo de la prueba testimonial –que puede ser ofrecida por escrito sin perjuicio de las potestades de las partes de requerir la ratificación en audiencia–, la definición de los planteos suscitados en torno al efecto suspensivo del incidente respecto del juicio principal, el momento hasta el cual puede solicitarse el beneficio, ciertas pautas moralizadoras que tienden a evitar un pedido abusivo sobre la base de datos falsos respecto de la real situación económica del requirente, etcétera.
En la obra se dedica un capítulo a la cuestión relativa a la operatividad de este instituto en el marco del trámite prejudicial de la mediación instaurado por la ley 24.573.
La cuestión se torna aquí de difícil análisis, desde el momento en que el legislador si bien previó una válvula que permitiera descomprimir la agobiante congestión de los tribunales a través de este medio alternativo de resolver disputas, no tuvo en cuenta la situación de aquellos litigantes que obligados por la norma a transitar este paso previo al proceso judicial no cuentan siquiera con recursos para afrontar las erogaciones que allí se originan.
Otro de los pasajes de interés de la obra está dedicado a la exposición de los criterios que deben regir la actividad axiológica del juez al momento de evaluar la prueba de la carencia de recursos.
Sabido es que existe –en general– una tendencia a la laxitud en esta evaluación, optándose en los casos dudosos por la concesión del total del beneficio. El problema que tal posición acarrea –ya que pone en jaque los intereses patrimoniales de la contraparte que no cuenta con esta franquicia, así como los del fisco recaudador, privándolo de la posibilidad de la percepción de recursos que sostengan las arcas públicas– viene desarrollado con solvencia por el profesor Diaz Solimine, con abundante cita de jurisprudencia.
Un apartado especial merece la relación entre el beneficio de litigar sin gastos y los procesos de familia.
Se vincula este instituto con el derecho alimentario y sus alcances. Concretamente, con la situación que se presenta cuando dentro de un mismo grupo unos parientes cuentan con recursos y otros no. El autor, frente a esta hipótesis, se interroga: “¿Puede negarse el acceso a la justicia de una persona cuya familia posee una importante solvencia económica, si el justiciable no cuenta con los medios necesarios para promover una demanda?”.
Las respuestas se basan en un análisis del plexo normativo vigente, con directas referencias al derecho civil de fondo.
El análisis de los efectos del mero pedido del beneficio de litigar sin gastos es abordado con minuciosidad.
Y también se destacan los desarrollos relativos a la “vida ulterior” de la franquicia concedida, esto es, las posibilidades de que el beneficio se modifique –aumente o reduzca–, y hasta que se lo deje sin efecto.
Respecto de estas últimas contingencias, se estudian las vías y requerimientos procesales para que prosperen. En ese terreno no se deja de lado el abordaje de la extensión del beneficio tanto respecto de otros sujetos como de otros procesos, distintos de aquel en cuyo marco se planteó este incidente.
No falta el análisis de los aspectos recursivos que permiten a la contraparte impugnar la procedencia de esta franquicia. Tampoco la incidencia procesal del trámite en ciertos aspectos también rituales del juicio principal –caducidad de instancia, suspensión, vínculo de los requisitos de admisibilidad de los recursos extraordinarios, etc.–.
Están presentes también los desarrollos atingentes a aspectos generales de la figura como son la competencia del juez que debe entender en este tipo de trámites incidentales, la legitimación tanto activa como pasiva –y en este tema, la cuestión se plantea respecto de las personas jurídicas–, la incidencia de la franquicia sobre las costas judiciales, etcétera.
La obra incluye los textos –analizados críticamente– de proyectos normativos donde se contemplan modificaciones al régimen procesal actualmente vigente en la Nación, así como una sección dedicada al Anteproyecto de ley de reordenamiento procesal y de modificaciones al sistema de percepción de la tasa de justicia.
Para concluir, un imprescindible capítulo se dedica a vincular el beneficio de litigar sin gastos con el derecho que asiste a todo habitante a recurrir a los tribunales en busca de una solución a sus conflictos intersubjetivos.
En suma, entendemos que este libro –en su versión renovada– contribuye adecuadamente al conocimiento y correcta utilización del beneficio de litigar sin gastos y permite, de tal modo, que esta trascendente vía de superación de uno de los obstáculos más importantes que se interponen en el logro del acceso a la justicia –al decir de Cappelletti– sea eficaz.
Carlos E. Camps
Ámbito Financiero, 22/8/95, p. XI
Si bien es cierto que todos somos iguales frente a la ley, este precepto puede quebrarse en razón de la condición socioeconómica del ciudadano que puede verse restringido en sus derechos al no poder acceder a los jueces a solicitar justicia. El beneficio de litigar sin gastos es la franquicia que se concede a ciertos justiciables de actuar sin obligación de afrontar las costas, en forma definitiva o parcial. De este modo se asegura el principio de igualdad y el derecho de defensa en juicio. Este tema, trascendente por cierto, es analizado en detalle por el autor. Parte de las nociones generales y luego avanza sobre competencia, partes y asistencia letrada, el procedimiento, la prueba los efectos y alcances, sin dejar de lado los proyectos de reforma al Código Procesal Civil y Comercial. El último capítulo conforma una conclusión en procura de encontrar fórmulas que faciliten el acceso a la justicia.
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