Plazos de la prisión preventiva

Uno de los temas más debatidos en la actualidad es el de la crisis de las penas privativas de libertad y la consecuente propuesta del cumplimiento de penas en libertad. En suma se trata de evitar la desnaturalización de la finalidad de encarcelamiento preventivo, que se convierte en una verdadera pena anticipada que cumple un imputado sin todavía haber sido condenado. Con toda evidencia, esta temática es de trascendencia y conlleva a grave responsabilidad para quienes administran justicia y para quienes se ocupan de la defensa de las garantías que merece todo ciudadano.
 
 

La Ley, 11/9/95

La flamante ley 24.390 (Adla, LIV-D, 4424), que limita temporalmente la duración del encierro preventivo en consonancia con la norma del art. 7 inc. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250), ha sido el tema escogido en esta ocasión por Edwards, en una obra concisa y honda a la vez.

Luego de un análisis descarnadamente realista de las causas de la prolongación indefinida de los procesos y de los fines de la prisión preventiva, Edwards examina el fundamento del plazo máximo y la influencia que la ley tendrá sobre el problema carcelario.

Analiza luego las interpretaciones en torno a la automaticidad o no de los plazos, las posturas que consideran al plazo máximo como un supuesto más de excarcelación y la interesante doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Firmenich” (La Ley, 1987-A-599).

Luego trata los supuestos de prórroga de los plazos, el control del tribunal superior a través de la comunicación y analiza la posibilidad de la “prórroga de la prórroga”, cuando la sentencia condenatoria se dicta en el transcurso de los plazos prorrogados.

En el Capítulo V se refiere a la posibilidad de oposición por parte del Ministerio Público, cuando la demora en el transcurso de los plazos obedezca a articulaciones manifiestamente dilatorias por parte de la defensa. Edwards sostiene la injusticia, la inconveniencia y la innecesariedad de esta disposición.

Analiza luego el contenido y la estructura del auto que ordena la libertad y la posibilidad o no de recurrirlo. Asimismo efectúa una crítica a la inclusión de las reglas de conducta del art. 27 bis del Cód. Penal, en tanto que las mismas tienen un fin preventivo de la comisión de nuevos delitos y no uno de aseguramiento de la sumisión del imputado a la jurisdicción.

En el Capítulo VII se refiere al cómputo de la prisión preventiva (el impropiamente denominado dos por uno) donde se mantiene el cómputo diferencial entre reclusión y prisión, en consonancia con el art. 24 del Cód. Penal.

En el Capítulo VIII trata de delitos excluidos (los relacionados con la organización y el financiamiento del narcotráfico) y la influencia de esa exclusión sobre la garantía de la igualdad ante la ley. Se refiere también a desafortunados olvidos, como el del delito de contrabando de estupefacientes (la denominada “operación Langostino”).

Finalmente, dedica dos capítulos al análisis de la jurisprudencia nacional e internacional en punto a la interpretación de la garantía del “plazo razonable” del Pacto de San José y a la ardua cuestión si la norma de que se trata, al ser de índole procesal, pue