Derecho de la seguridad social

Como una manera de satisfacer las necesidades del hombre en particular y de las sociedades en general, el Estado, mediante su aparato legislativo, creó el derecho de la seguridad social. El sistema integrado de jubilaciones y pensiones, la cobertura de riesgo del trabajo, el sistema de obra social, las asignaciones familiares y las prestaciones por desempleo son los medios que los ciudadanos en general poseen para una mejor calidad de vida. Su conocimiento es relativo al interés general y en especial al abogado dedicado al asesoramiento de trabajadores, de sindicatos y de empresas, como para quienes ejercen la profesión individual.
 
 

Ámbito Financiero, 22/5/00, p. 69

Significativas reformas legislativas se han operado en el área de la seguridad social durante los últimos años en nuestro país, algunas de las cuales ya llevan casi una década de efectiva aplicación, pero aún es necesario ajustar la normativa en concordancia con las nuevas pautas económicas y sociales del país. El autor encara en esta edición el análisis, los alcances y los efectos del ordenamiento jurídico vigente en la organización administrativa de la seguridad social, a través de todos los subsistemas. Así se abordan el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, que prevé las contingencias sociales de vez, invalidez permanente y muerte; el sistema nacional de seguro de salud, en actual revisión, que encara la enfermedad como hecho social; los riesgos del trabajo, tanto en su faz preventiva como resarcitoria; las asignaciones familiares y el sistema integral de prestaciones por desempleo, sin dejar de lado la referencia a los delitos contra la seguridad social y la creación del fuero específico para dirimir los litigios que se presenten.

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La Ley, 30/8/00, p. 7

A lo largo de la última década, el paisaje normativo del derecho de la seguridad social cambió dramáticamente en Argentina. Dos reformas previsionales sustanciales -las introducidas por las leyes 24.241 y 24.463-, la instauración del subsidio por desempleo en un contexto de alarmante crecimiento de la desocupación, la revisión total del régimen de accidentes de trabajo a través de la ley 24.557 y la nueva ley de asignaciones familiares 24.714, a lo que se agregaron nuevos circuitos administrativos y judiciales, son algunos de los mojones que han jalonado este decenio de profundas transformaciones (Adla, LIII-D, 4135; LV-C, 2913; LV-E, 5865; LVI-E, 6093).

La gran inflación legislativa existente tornaba necesaria la aparición de una obra que registrase todas estas modificaciones. Con estilo llano y didáctico, Carlos Alberto Etala acomete esa empresa de relevamiento del novedoso material normativo de la seguridad social. Para ello, utiliza un método clásico, comenzando por una teoría general de la materia, luego se interna en las sempiternas contingencias de vejez, invalidez y muerte, para posteriormente adentrarse en el estudio de los subsistemas de obras sociales, riesgos del trabajo, asignaciones familiares y cobertura por desempleo. Termina el diseño de la obra sendos capítulos destinados al régimen represivo y al control jurisdiccional; se incorpora al final un apéndice muy útil con las principales leyes de la materia.

Pero -entendiéndose bien- no sólo hubo una vertiginosa creación de normas legales, sino que también se alteró el sentido que hasta los noventa había tenido la seguridad social entre nosotros. El repliegue del rol tutelar del estado, la intercalación de agentes netamente privados como ser las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las compañías de seguros y las aseguradoras de riesgos del trabajo, y un tinte marcadamente fiscalista en las previsiones normativas, signaron el curso del naciente marco regulatorio.

Si bien el A. se propone realizar valoraciones, conforme lo señala en el prólogo, sino tan sólo explicar y describir las instituciones -propósito altamente logrado-, lanza paralelamente un interesante desafío, ya que en el aludido prólogo no reniega de la capacidad de estimar críticamente (que juzga imprescindible) sino que la pospone para mejor oportunidad.

En varios tramos de la obra, deja planteadas cuestiones que se tornan significativas. Al tratar, por ejemplo, la interpretación de las normas previsionales, colaciona la vieja polémica entre Deveali, Videla Morón y Goñi Moreño, para terminar concluyendo que, a su juicio, y en tanto se respeten las pautas constitucionales, el legislador es quien mejor se encuentra posicionado para calibrar las necesidades de los sujetos protegidos con las posibilidades financieras del sistema de fuentes (p. 41), puesto que la interpretación debe inexorablemente practicarse desde la constitución hacia el resto del ordenamiento jurídico.

Lamentablemente, muchas veces los operadores judiciales se han munido -como aconteció en Fallos: 319:3241 (La Ley, 1997-B, 247)- de la mutabilidad legislativa de la seguridad social sin observar los cánones constitucionales -y, agregaríamos hoy, los que en similar sintonía fluyen de los tratados internacionales sobre derechos humanos jerarquizados-. Nosotros albergamos muchísimos reparos en relación a ese precedente jurisprudencial que el autor, que se limita a su colación y cita.

Hay mucho tramo por recorrer en la tarea de volver a pensar la seguridad social desde el derecho y no desde la economía. El nuevo libro de Carlos Etala, al suministrar un pedagógico análisis de sus instituciones, ayuda decisivamente en esta faena, que debe ser completada ineludiblemente con el juicio crítico.

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Revista de Jubilaciones y Pensiones, Año 10 - mayo/junio 2000, nº 56, p. 309 y 310

El Dr. Etala, profesor universitario de derecho laboral, de cuya tarea como autor es una lograda muestra su obra “Contrato de trabajo”, también publicada por la misma editorial, enfoca ahora con parecido acierto los temas de la seguridad social.

El propio autor traza un límite al objetivo perseguido por el libro, al señalar en el prólogo que “no es el lugar ni el momento oportuno para realizar un juicio crítico -siquiera provisorio- de las modificaciones legislativas concretadas en la década pasada”. Ello, no porque se subestime la necesidad de una valoración crítica de tales modificaciones, sino por la falta de una perspectiva más amplia y, además, por la extensión que es posible darle a una obra de este carácter, que se acerca, no obstante, al medio millar de páginas.

Por consiguiente, la pretensión del autor se circunscribe a “presentar un panorama lo más completo y sintético posible del ordenamiento jurídico vigente en materia de seguridad social en la República Argentina”. Damos fe de que la finalidad propuesta ha sido alcanzada, puesto que la apretada síntesis con que en la obra se exponen principios, instituciones y normas de la seguridad social no es óbice para que el lector se interne en el conocimiento de la materia con el apoyo de una guía completa e ilustrativa, en la que es difícil encontrar lagunas y que sirve también para convencerse de la sinrazón del cambio dispuesto por la ley 25.233, que borró a la seguridad social del nombre del Ministerio de Trabajo, como si se tratara de cuestiones de poca monta.

La obra se divide en dos partes: la primera, de consideraciones generales, y la segunda, dedicada a las contingencias sociales en particular.

El capítulo I (primera parte), que sirve de introducción al estudio de la materia, abarca los siguientes temas: a) caracterización; b) evolución; c) contingencias sociales; d) medios e instrumentos; e) prestaciones y f) financiamiento.

El capítulo II (primera parte), consagrado al derecho de la seguridad social, comprende estos asuntos: a) introducción; b) sujetos; c) fuentes; d) principios; e) aplicación de las normas y f) interpretación de las disposiciones de esa rama del derecho.

El capítulo III (primera parte) está dedicado a la organización administrativa de la seguridad social y se refiere a los siguientes aspectos: a) el sistema único (SUSS) y b) los distintos subsistemas.

Los capítulos IV a X integran la segunda parte de la obra (contingencias sociales en particular) y su contenido es el siguiente:

Capítulo IV (vejez, invalidez y muerte. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones): a) introducción; b) ámbito de aplicación personal; c) aportes y contribuciones; d) obligaciones emergentes; e) caracteres de las prestaciones; f) régimen previsional público; g) régimen de capitalización; h) regímenes especiales o, como lo admite el propio autor, diferenciales (ver pág. 135); i) aplicación e interpretación de la ley; j) prescripción y k) pensiones no contributivas.

Capítulo V (enfermedad): a) introducción; b) la cobertura de salud en la República Argentina; c) régimen de obras sociales; d) prestaciones de las obras sociales; e) beneficiarios; f) aportes y contribuciones y g) Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Capítulo VI (riesgos del trabajo): a) evolución del sistema de protección; b) rasgos generales del sistema vigente; c) ámbito de aplicación personal del sistema; d) prevención de los riesgos del trabajo; e) contingencias cubiertas; f) contingencias cubiertas en particular; g) situaciones exclusivas; h) determinación del carácter y grado de las incapacidades; revisión; i) prestaciones de la ley; j) retorno al trabajo del damnificado; k) financiamiento del sistema; l) gestión del sistema; las ART; m) régimen de autoseguro; n) deberes de los empleadores; ñ) deberes de los trabajadores y o) fondo de garantía de la LRT.

Capítulo VII (asignaciones familiares): a) consideraciones generales; b) subsistema contributivo y c) subsistema no contributivo.

Capítulo VIII (desempleo).

Capítulo IX (delitos contra la seguridad social).

Capítulo X ( la justicia de la seguridad social).

Completa la obra un apéndice con las principales normas legales que rigen la materia y un detalle de la abundante bibliografía consultada.

Guillermo José Jáuregui