Derechos del consumidor

Remarcó el prologista, doctor Salvador D. Bergel, que no se está en presencia de un estudio más sobre una temática que ha despertado la atención de numerosos autores, sino frente a una obra que partiendo de un diseño original transita el campo de la interdisciplina, sin dejar de considerar las diversas facetas jurídicas que ofrece al observador el fenómeno del consumo. Añade que la autora cumple el objetivo de mostrar la realidad de un derecho renovado que expresa la reacción del sistema jurídico en su conjunto ante un cuadro de cambiantes situaciones económicas, sociales y políticas.
Este trabajo es mucho más que una mera anotación a nuestra ley específica (ley 24.240), que cuenta con ya diez años de antigüedad, dado que apoyándose en el derecho comparado y en sólida doctrina, desarrolla conceptualmente el universo que atañe a la materia, temas como los derechos fundamentales del consumidor, la calidad de vida y el consumo sustentable, los principios y la regulación contractual del derecho del consumidor, los procedimientos para la resolución de conflictos y el arbitraje de consumo.

JA, 2005-IV, fas. 11, 14/12/05

El presente libro, que cubre los más diversos aspectos de una problemática de suma actualidad, nos ofrece seis capítulos y un apéndice con disposiciones complementarias nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, además de una reseña bibliográfica específica sobre variadas cuestiones vinculadas a la temática en torno de la cual gira la obra.

En el primero de los capítulos, que la autora designa como “Introducción”, pasa revista a una serie de conceptos liminares referidos al derecho del consumo y el derecho del consumidor; y a las relaciones de consumo y el sistema del derecho del consumo. Además, efectúa un acercamiento preliminar a la ley 24.240 (de “defensa del consumidor”) y al concepto de consumidor, tanto en el derecho comparado (iberoamericano y europeo) como en el derecho argentino. Acerca de este último aspecto, enfoca específicamente la conceptuación de consumidor desde los prismas constitucional y legal.

Ya en tal capítulo preliminar queda plasmada la impronta de la autora, que no disimula su adscripción a una corriente amplia que plantea el derecho del consumo no con una visión restrictiva que lo visualiza como una suerte de simbiosis del estatuto de las relaciones de consumo, sino que, excediendo tal percepción reduccionista, y como con acierto lo advierte Bergel al prologar el libro, lo hace extensivo a todas aquellas relaciones que tienden a la protección del consumidor aun cuando no se refieran directamente a él.

De hecho, desde el mismísimo inicio de su trabajo la doctora Perez Bustamante adelanta que en el derecho del consumo queda comprendida, además de la ley de defensa del consumidor, la normativa relativa a las siguientes materias: servicios públicos, competencia, lealtad comercial, alimentos, medicamentos y, en fórmula de textura abierta, toda aquella que afecte intereses de los habitantes en materia de consumo.

Y, con acierto, puntualiza que hablar de derecho del consumidor implica hacer hincapié en la regulación de las relaciones de consumo y los intereses sociales en su faz tuitiva de los derechos de la parte débil de la relación jurídica: el consumidor final.

Justamente a bucear en los “derechos fundamentales del consumidor” se entrega la autora en el capítulo II, identificándolos de arranque como “nuevos derechos sociales”, y, desnudando una laudable perspectiva axiológica, anuncia que tales derechos del consumidor deben ser considerados desde la óptica del desarrollo humano, al que cataloga como derecho constitucional ligado a la calidad de vida y, en este sentido, vinculado también al resto de los nuevos derechos sociales.

Luego de perfilar el porqué de la consideración de los derechos del consumidor como nuevos derechos sociales, profundiza en el abordaje del art. 42 de la Const. nacional, respecto de cuya conformación normativa plantea algunos interrogantes y dudas. Por ejemplo, al preguntarse el motivo de la inclusión entre los derechos de los consumidores y usuarios de derechos que, o ya se encontraban reconocidos explícitamente para todos los habitantes, o bien estaban entre los implícitos del art. 33 de la Carta Magna; o al advertir que la enumeración del art. 42 no es taxativa y que los derechos allí plasmados presuponen la existencia de otros también fundamentales y no mencionados expresamente, como el derecho de acceso al consumo, respecto de lo que manifiesta que “no hay posibilidad de ejercicio de ninguno de los derechos del art. 42 si previamente no hay posibilidad de acceso a los bienes y servicios ofrecidos”.

Ciertamente no limita su estudio a la exégesis de la precitada norma constitucional, sino que complementa su análisis con alusiones al derecho internacional en general y, ya en particular, a las directrices de las Naciones Unidas que fijan las pautas de identificación de los derechos fundamentales del consumidor, entre los cuales cabe incluir a los de acceso al consumo, seguridad, gozar de un ambiente sano, información, libre elección, educación para el consumo, representación (a través de las asociaciones de consumidores) y resarcimiento, rubros todos que aborda con un lenguaje llano y asequible, aunque no exento de versación.

En el capítulo III, y sin abandonar la importancia de la temática del desarrollo humano, liga dos elementos fundamentales para su construcción argumental: la calidad de vida y el consumo sustentable, elementos que, a modo de tándem, justamente dan nombre al capítulo en cuestión.

En tal contexto examina una serie de problemas de gran importancia, como el de las implicancias y consecuencias de las conductas de consumo sobre el medio ambiente y la necesaria búsqueda de políticas de producción y de consumo dirigidas a la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable.

Justamente, uno de los pilares de su razonamiento en este sector del trabajo indudablemente lo constituye el de la correlación entre el consumo sustentable y el desarrollo sustentable, elementos que a su entender están en coexistencia interdependiente.

En un interesante recorrido comparativo aborda la cuestión en los contextos latinoamericano, donde específicamente alerta sobre una realidad de consumo en la que se agigantan las desigualdades; del Mercosur, en el que destaca que aún no ha podido lograr el proceso de armonización normativa entre sus socios fundadores dada la diferencia de nivel protectorio de cada uno de los marcos jurídicos que ellos presentan, lo que ha obstaculizado la adopción de un “reglamento común”; y argentino, ámbito temático en el que sucesivamente recorre las cuestiones relativas al contexto legal y los actores sociales y el de los problemas centrales y sus posibles soluciones, éstas, a través de la educación y la transformación productiva.

“Principios y regulación contractual del derecho del consumidor” es el título del capítulo IV, tramo de la obra en el que la autora focaliza su atención en la regulación de las relaciones de consumo, los principios fundamentales que operan como pilares del sistema y la forma en que son incorporados por la ley 24.240; principios aquéllos que no son patrimonio exclusivo de nuestra legislación vernácula, sino compartidos internacionalmente en el diseño de los ordenamientos jurídicos reguladores del consumo.

Con importante grado de detalle y efectuando copiosas e ilustrativas remisiones al derecho comparado, se entrega a desarrollar los siguientes principios: reconocimiento expreso de los derechos del consumidor; irrenunciabilidad de éstos; deber de seguridad; regulación contractual, que incluye el principio interpretativo in dubio pro consumidor y la regulación de las cláusulas abusivas; responsabilidad objetiva y solidaria; regulación de la publicidad; y sistemas ágiles de solución de conflictos.

En el anteúltimo capítulo desgrana distintas facetas de la problemática de los procedimientos para la resolución de conflictos en Argentina, tema medular para una verdadera protección de los derechos del consumidor.

Tomando en cuenta importantes precedentes jurisprudenciales y aportes doctrinarios, se sumerge en la tanto álgida como trascendente problemática de las herramientas procesales y procedimentales para dar efectividad a los derechos del consumidor. En tales menesteres, sucesivamente analiza la “garantía del amparo”; el proceso especial del consumidor, estatuido en el art. 52 de la ley 24.240; el procedimiento administrativo estipulado por el art. 45; el arbitraje de consumo, que aquí sólo anuncia brevemente, para retomarlo con mayor detalle en el capítulo final del libro; y el procedimiento administrativo ante los entes reguladores de servicios públicos: Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS).

Finalmente, y como anticipábamos, en el capítulo que cierra la obra, despliega con profusión argumental la importante temática del arbitraje de consumo, para cuyo estudio exhibe una nutrida referencia al derecho comparado; deteniéndose en la génesis y articulación normativa del instituto en nuestro país –aún incipiente–, perfilando sus características salientes y arriesgando un pronóstico laudatorio de las potencialidades que presenta como modo de propiciar el acceso a justicia por parte de los consumidores, sobre todo, cuando el tiempo y los demás costos de un proceso tradicional no guardan relación con el perjuicio sufrido en términos económicos.

En síntesis, estamos en presencia de un interesante y valioso aporte al estudio de una temática de sustancial importancia como la de la protección del consumidor y la efectivización de sus derechos, que es tanto como decir de la tutela de nosotros mismos pues nadie está exento de la condición de consumidor.

La autora ha logrado componer un trabajo meritorio que no se ha limitado a proporcionar un enfoque exclusivo desde el derecho privado, sino que ha procurado tender puentes –imprescindibles para brindar una visión amplia y abierta de un problema también vasto y con múltiples y polifacéticas aristas– con el derecho internacional público, el derecho de la integración, el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional y el derecho administrativo.

Además, ha sabido transmitir un interesante mensaje de compromiso y apertura en cuanto a su concepción sobre el derecho del consumidor, pues como el prologuista resume con precisión, es innegable que tal derecho no nace ni se agota en las relaciones de consumo, ya que la defensa del consumidor, como sujeto autónomo, como sujeto vulnerable y como sujeto que actúa en un determinado contexto social, importa incursionar en la protección de bienes colectivos.

Por lo demás, en la obra subyace la laudable preocupación de no soslayar la interacción de una trilogía de factores que ocupan un espacio creciente y fundamental en la agenda internacional contemporánea: derechos humanos, desarrollo sustentable y medio ambiente (Ver, en ese sentido, Cançado Trindade, Antônio A., Derechos humanos, desarrollo sustentable y medio ambiente, 2ª ed., San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Banco Interamericano de Desarrollo, 1995).

Víctor Bazán

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Ámbito Financiero, 24/8/04, p. 117

Considerando que los derechos del consumidor se encuentran en constante evolución al ritmo de las cambiantes situaciones del mercado, el examen de los mismos no puede circunscribirse solamente a la normativa legal vigente sino que debe propender a la sincronización de acciones que atienda a las variables en juego. Por ello la autora de la obra ha considerado como prioritario mostrar la realidad de un derecho renovado que expresa la reacción del sistema jurídico frente a las diversas situaciones. Así se han evaluado los derechos fundamentales del consumidor; la relación entre el consumo sustentable y el medio ambiente, tanto a nivel nacional como en el derecho comparado y los procedimientos para la resolución de conflictos haciendo especial hincapié en el arbitraje de consumo.