Régimen de honorarios para abogados y procuradores

JA, 2005-III, fasc. 8, 24/8/05, p. 89

Como lo destaca Bielsa, a diferencia de lo que ocurría en Roma, en donde eran normalmente los patricios quienes ejercían la abogacía y cuya situación económica era cómoda en general, en la época actual, la democracia ha llevado a las carreras privadas, como la abogacía, a personas de condición económica modesta, que sólo cuentan con los recursos pecuniarios provenientes de su trabajo. De allí la importancia de la retribución al trabajo profesional, que es lo que permite el ejercicio de la profesión a personas pobres pero de idoneidad intelectual y moral (Bielsa, Rafael, La abogacía, 1934, p. 208 a 210).

El tema de los honorarios de los abogados y procuradores es uno de los que requieren mayor atención en el quehacer judicial, porque, normalmente, está presente en todos los juicios. Interesa principalmente a los profesionales porque es la retribución por su trabajo que constituye su medio de vida. También interesa a las partes, que son las que tienen que abonarlos. Y son los jueces quienes tienen que regularlos, tarea en la que deben ser muy cuidadosos en procura de establecer una retribución justa, que contemple su real significación para los interesados y la incidencia que estos emolumentos tienen para las partes en el costo judicial. De allí la importancia del tema y la necesidad de que existan normas arancelarias claras, como también opiniones doctrinales y criterios jurisprudenciales que ilustren sobre la cuestión.

No es mucha la bibliografía existente sobre el tema. Quizás por ser algo muy casuístico es principalmente la jurisprudencia la que lo enriquece. Por ello es muy pausible que la Editorial Astrea haya publicado un libro sobre el régimen de aranceles de los profesionales, revisado, ordenado y comentado por un prestigioso jurista como es el caso del doctor Guillermo M. Pesaresi, quien es un estudioso del tema y ha realizado diversas publicaciones al respecto, lo que permite afirmar que es uno de los que se encuentra en condiciones inmejorables para realizar la tarea que se le ha encomendado.

El libro, como su título lo indica, transcribe y analiza la ley nacional 21.839 de honorarios de abogados y procuradores, desde la perspectiva del primer cuarto de siglo de vigencia; la ley 24.432 sobre honorarios en general, y las complementarias 10.996, 17.454, 18.345, 22.172, 23.187, 23.984, 24.573, 24.635, 24.946, decretos 2284/1991 y 240/1999, y resoluciones de la AFIP y de la DGI en las partes vinculadas a los estipendios profesionales.

Como bien lo señala Pesaresi en las palabras preliminares, el texto ordenado y comentado de las citadas leyes brinda la posibilidad de acceder rápidamente a un artículo determinado del plexo legal y recibir una referencia conceptual breve y concisa, coadyuvante de su letra y télesis. Permite también encontrar los criterios en su aplicación práctica por la jurisprudencia, como opiniones doctrinarias.

También aclara Pesaresi que la idea del trabajo ha sido que sea útil no sólo para el profesional versado en la materia arancelaria, sino también para quien tangencial u ocasionalmente necesite acercarse al tema a raíz de una regulación. Y ello ha sido logrado porque basta con analizar los comentarios a cada norma para advertir las innumerables citas de jurisprudencia y doctrina que los enriquecen e ilustran sobre los criterios de aplicación, a la par que constituye una guía que facilita la tarea investigativa para quienes deseen profundizar en algún aspecto.

Luego de las palabras preliminares se incluye un índice que sigue el articulado de las leyes que se analizan, subdividido en títulos y capítulos con descripción de su contenido. También se indica a continuación del número de cada artículo la materia sobre la que versa, lo que facilita la búsqueda temática.

El análisis de la ley 21.839 es subdividido en tres títulos.

El título I, dedicado a las disposiciones generales, consta de dos capítulos. El capítulo I, titulado Ámbito y presunción, analiza los arts. 1° a 3° de la ley, referidos respectivamente al ámbito de aplicación, ámbito personal y presunciones. El capítulo II se refiere a los pactos y analiza los arts. 4° y 5° de la ley, referidos a los requisitos esenciales y a la renuncia anticipada o convenio inferior.

El título II, dedicado a la labor judicial, se subdivide en cinco capítulos. El capítulo I lleva por título Principios y analiza los arts. 6° a 18 ley 21.839, referidos, entre otros temas, a las pautas para fijar el monto del honorario; honorarios mínimos; procuradores; actuación conjunta y sucesiva; diferentes profesionales en litisconsorcio; asuntos o procesos propios; actuaciones posteriores a la intervención de un profesional; segunda o ulterior instancia; administrador judicial; interventor y veedor; partidor; procesos arbitrales y contravencionales. El capítulo II, titulado Monto del proceso y de los honorarios, analiza los arts. 19 a 36 de la ley, referidos al monto de los honorarios; proceso sin sentencia ni transacción; sentencia posterior; determinación del valor de los bienes; sucesiones; alimentos; desalojos y consignaciones; medidas precautorias; expropiación; retrocesión; derecho de familia; concursos y quiebras; posesión; interdictos; mensuras; deslindes; división de cosas comunes; escrituración; incidentes; tercerías; liquidación de sociedad conyugal; hábeas corpus; amparo y extradición. El capítulo III está dedicado a las etapas procesales: analiza los arts. 37 a 46 de la ley, que se refieren a la división en etapas de los procesos; a los procesos ordinarios, sumarios, sumarísimos, laborales e incidentes; ejecuciones; procesos especiales; concursos y quiebras; sucesorios; procesos arbitrales, penales y correccionales. El capítulo IV lleva por título Procedimiento regulatorio y cobro y analiza los arts. 47 y 48 de la ley. Y el capítulo V se refiere a la protección del honorario y analiza los arts. 49 a 56 de la ley, referidos a la acción judicial; pago de honorarios; prohibiciones a los profesionales designados de oficio; sanciones, competencia y trámite; destino; apelación; recaudos para dar por terminado el proceso; citación de los profesionales; utilización del título profesional y autoridad de aplicación.

En el título III se analizan los arts. 57 a 59 de la ley, referidos a la labor extrajudicial.

El título IV está dedicado a las disposiciones complementarias y transitorias, y allí se analizan los arts. 60 a 65 de la ley, referidos a la actualización de los honorarios; mínimos y multas; notificación al cliente; procesos pendientes, entre otros temas.

Luego se analizan los arts. 1° a 17 ley 24.432.

Y finalmente se incluye un apéndice que lleva por título Normas sobre honorarios en otras disposiciones, en donde se incluyen normas específicas de distintos cuerpos legales, como el Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; el Código Procesal Penal de la Nación, la ley 14.394 de bien de familia; la ley 18.345 de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo; la ley 20.744 de contrato de trabajo; la ley 22.172 de comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción; la ley 24.522 de concursos y quiebras; la ley 24.573 de mediación y conciliación; la ley 24.635 de mediación y conciliación laboral; la ley 24.946 orgánica del Ministerio Público; el reglamento para la justicia nacional; el decreto 240/1999 de desregulación de honorarios. También se transcriben las siguientes leyes especiales: ley 10.996 de ejercicio de la procuración ante los tribunales nacionales; ley 22.334 referida a las sociedades del Grupo Greco intervenidas; ley 22.681 sobre régimen de facilidades de pago de impuestos; ley 23.187 de ejercicio de la abogacía en la Capital Federal; ley 24.318 del Banco Central de la República Argentina; ley 17.250 de prestaciones previsionales, aportes y contribuciones; ley 24.475 de impuesto al valor agregado. Y finalmente se incluyen resoluciones de la DGI y AFIP: así, la resolución 4214/1996 de la DGI sobre honorarios regulados judicialmente (IVA); la resolución AFIP 689/1999 sobre condición frente al IVA: la declaración jurada; la resolución AFIP 830/2000 de impuesto a las ganancias; la resolución DGI 3316/2001 y la resolución AFIP 1105/2001 de régimen de retención (IVA) y la resolución AFIP 1624/2004 de régimen especial de regularización.

Sin lugar a dudas, se trata de un libro que va a resultar de mucha utilidad práctica para los operadores del derecho, por lo que cabe recibirlo con gran beneplácito.

Roberto G. Loutayf Ranea

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“Revista de Derecho Societario y Concursal Errepar”, 5/05

El autor, especialista en la materia y con una larga trayectoria reflejada en diversos libros y trabajos publicados, vuelca su conocimiento y experiencia en esta obra que sin dudas será de gran utilidad para los profesionales, dado que ordena de manera sistematizada y prolija los aspectos vinculados con los honorarios, facilitando así la comprensión global del tema.

El análisis abarca un amplio espectro, pues se ocupa no sólo del tema de los honorarios en la labor judicial –desarrollando las pautas para fijar el monto de los mismos en relación al abogado, procurador, administrador judicial, interventor, veedor, etc., en sus distintas hipótesis, como por ejemplo el caso de la actuación sucesiva o conjunta de profesionales y en los distintos tipos de juicio: alimentos, desalojos, concursos, incidentes, tercerías, sucesiones, expropiaciones, etc.–, sino que también dedica varias de sus páginas a la labor extrajudicial –consultas, gestiones, estudios, proyectos–. Asimismo, se introduce y expone, en forma clara y concisa, el procedimiento regulatorio para el cobro de honorarios y su protección.

Cabe destacar que la obra contiene tanto las leyes que específicamente regulan los honorarios de abogados y procuradores (21.829) como la normativa referida a los honorarios en general (24.432). Dichos textos legales se encuentran ordenados, anotados y comentados, lográndose un rico análisis legislativo, puesto que adicionalmente se han transcripto las normas pertinentes comprendidas en el Código Civil, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Código Procesal Penal de la Nación, ley sobre bien de familia, ley de contrato de trabajo, ley de concursos y quiebras, ley sobre mediación y conciliación, entre otras.

En cuanto al enriquecedor aporte doctrinario que brinda este trabajo, puede decirse que a través de sus comentarios el autor viene a aclarar ciertas cuestiones a veces dudosas para el profesional, motivo por el cual éste encontrará una fuente de consulta permanente para sus interrogantes.

Por otra parte, y a efectos de dar mayor profundidad al análisis, se ha incorporado una selección de jurisprudencia con los principales fallos dictados en la materia.

El extenso índice bibliográfico que corona este estudio merece una observación aparte, ya que las citas de doctrina incluidas en él proveen vínculos inmediatos para la profundización de los variados asuntos tratados, en caso de especial interés del lector sobre algún tema en particular.

En suma, por su exhaustivo contenido y claridad en la exposición de conceptos, auguramos una venturosa recepción de este libro por parte de profesionales litigantes, pero también de quienes son consultados ocasionalmente para asesorar o evacuar consultas, todos quienes encontrarán en estas páginas un panorama completo en materia de honorarios.

Marina Crespín

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Ámbito Financiero, 8/3/05, p. 29

Dentro de la colección de Textos Legales de la editorial, Pesaresi encara las leyes 21.839 y 24.432 que regulan el régimen de honorarios para abogados y procuradores, complementándolas con las leyes 10.996, 17.454, 18.345, 22.172, 23.187, 23.984, 24.573, 24.635, 24.946 y los decretos 2284/91 y 240/99, sin olvidar las resoluciones generales emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este detalle da la pauta de que no se trata de una simple recopilación de textos legales o reglamentarios que hacen al tema. Por el contrario, el volumen constituye un cuerpo normativo revisado, ordenado y comentado, ya que al decir del propio autor el objetivo de este trabajo no es sólo que resulte útil al profesional versado en cuestiones arancelarias en aquellos casos derivados de la aplicación de la ley en el campo de trabajos judiciales sino para quienes tangencial u ocasionalmente necesitan acercarse a la regulación, como frecuentemente puede suceder con los litigantes.

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Dr. José M. Salgado, 3/1/05

Todos aquellos que, ya sea desde la función jurisdiccional o como auxiliares de dicho órgano (abogados, procuradores, peritos, etc.), tenemos como medio de vida la conducción profesional de las necesidades de las personas en lo que hace al muchas veces inextricable universo del derecho, continuamente nos enfrentamos al problema de la justipreciación económica de ese servicio.

Sumamente copiosa ha sido la legislación dedicada a la materia arancelaria, por lo cual incursos en su estudio debemos ser rigurosos en el análisis de los distintos supuestos, a la par que debemos actualizarnos constantemente dada la gran proliferación normativa. Sin embargo, aún contando con las normas aplicables al caso, ello es insuficiente para agotar satisfactoriamente la tarea. Resulta necesario conocer la interpretación que la doctrina y la jurisprudencia le han otorgado, por aquello de que (salvando algunas licencias que me he tomado) “la leyes dicen lo que los operadores del sistema dicen que ellas dicen”.

El trabajo que generosamente nos han invitado a comentar ofrece al lector la compilación actualizada, perteneciente a la colección de TLA (Textos Legales Astrea), de las normas atinentes a la regulación del honorario.

Desde un comienzo avizoramos su utilidad con sólo revisar el extenso ámbito de aplicación de la ley 21.839. Esta rige en la actualidad (art. 1°) en los tribunales nacionales y en los federales; además en los locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Tierra del Fuego, que no obstante tener la facultad de dictar leyes locales no la han ejercido. Por otro lado la misma regirá para abogados y procuradores y de manera supletoria para el ejercicio de otros profesionales, en especial los peritos.

El recorrido por el articulado de las leyes 21.839 y 24.432, permite acceder rápidamente al plexo legal y encontrar esclarecedores y concisos comentarios que permiten la interpretación acabada de cada uno de los institutos. En especial de las pautas de la actividad profesional, las escalas porcentuales y del monto del proceso (arts. 6°, 7° y 19), que constituyen en las palabras del comentarista la “triada esencial de la ley 21.839 en cuanto a la concreción numérica del honorario en sí”.

Se trata de un prolijo, paciente, cuando no fatigoso estudio de la jurisprudencia y de la doctrina aplicable en los innumerables supuestos que las normas referidas contienen. Su lectura aporta siempre una valiosa orientación de quién la consulta, a la vez que lo advierte, en cada caso, de las remisiones a otras normas complementarias o a fallos, muchos de ellos plenarios, que deben aplicarse. Finalmente se presenta un útil apéndice con diversas leyes, decretos y resoluciones de AFIP y DGI, que vienen a complementar el estudio realizado.

Guillermo Mario Pesaresi, quién se ha encargado de los comentarios, se encuentra avocado decididamente al estudio de las leyes arancelarias, ha escrito numerosos artículos publicados en las principales revistas jurídicas y es coautor de obras referidas tanto a la historia del honorario, como a su regulación en el ámbito de los concursos y las quiebras, circunstancias que lo convierten en un referente en la materia.

La erudición del comentarista y la calidad editorial a la que Astrea nos tiene acostumbrados hacen de la presente publicación una herramienta indispensable a la hora de encontrar soluciones prácticas y precisas en lo referido a leyes arancelarias.