La pretensión ejecutiva de actos administrativos. Procesos aplicables. Multas y tributos. Servidumbres. Órdenes de desalojo de inmuebles. Otros casos. Jurisprudencia nacional y extranjera.
Tipo: Libro
Edición: 1ra
Año: 2017
Páginas: 440
Publicación: 29/03/2017
ISBN: 978-987-706-169-7
Tapa: Tapa Rústica
Formato: 23 x 16 cm
Precio: $66.000
Precio por mes: $3300 (mínimo 3 meses)
El Derecho, 27/4/18
¿Otro libro sobre el acto administrativo? ¿No tenemos bastante en nuestra literatura especializada? Son preguntas que seguramente se harán los lectores. Lo que ocurre, a mi humilde modo de ver, es que siempre habrá algo nuevo sobre cualquier tópico del derecho administrativo, y en el referido al acto administrativo, aprecio en los últimos años los alumnos de las maestrías y especializaciones se están preocupando en temas que no haya tenido un tratamiento diferenciado en las obras generales. Así, solo para destacar, el autor del trabajo comentado ha centrado su estudio en un aspecto sin duda trascendente. Y, más recientemente, evalué un trabajo de especialización volcado al acto administrativo verbal, al que apliqué la máxima calificación. En definitiva, siempre habrá algo nuevo en nuestra disciplina para los jóvenes y no tan jóvenes estudiosos, y también para los que estamos pasando la sexta década (nunca olvidaré que el profesor Marienhoff a sus noventa y cuatro años nos pedía nuevos temas para él estudiarlos, y su pluma a esa edad era tan fresca como la de sus primeros trabajos).
Hecha esta introducción, la obra es la ampliación de la tesina que el autor presentó en la carrera de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la cual, defendida ante un tribunal integrado por tres distinguidos profesores, Laura M. Monti, Pablo E. Perrino y Alejandro A. Uslenghi, mereció la nota 10 (sobresaliente), y bien merecida, agrego. Bien dice el profesor Carlos F. Balbín en el prólogo que la obra “es un aporte novedoso y significativo en la revisión y construcción de la teoría dogmática del acto administrativo”.
Y las palabras experimentadas del profesor Balbín son acertadas. Si hay algo para destacar del trabajo es que el autor no se desvió del tema central de su trabajo, sin variar con otros temas –como podría ser, pongo de ejemplo, el concepto de acto administrativo, o su evolución–, defecto que es frecuente en tesis y tesinas (pecado al que algunos autores no hemos sido ajenos). De esta forma, es evidente que a lo largo de la exposición lo que está siempre presente, directa o indirectamente, es la ejecutoriedad del acto administrativo y sus alcances. En tal sentido, desde su introducción y el capítulo I encaró directamente la ejecutoriedad del acto administrativo a través de los caracteres del acto administrativo, la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad, con su variante de la “ejecutividad”. Y lo interesante es que la enfoca no solo desde lo que conocemos como la ejecutoriedad por parte de la Administración, sino por el administrado cuando es ésta la que no lo cumple. Muy interesante es el estudio sobre la crítica hacia el criterio de la ejecutoriedad tanto por parte de la doctrina nacional como la comparada.
En el capítulo II estudia las características y requisitos que debe reunir el acto ejecutable. Los aportes dados constituyen una invalorable ayuda para todo operador jurídico, y en especial para los abogados del Estado (cuyo esfuerzo en cumplir su función no puedo dejar de reconocer). Son aquí distintos supuestos que contempla, pero me interesa en particular el tratamiento de las sanciones administrativas. Aquí efectúa Stupenengo una muy detallada exposición con relación a los efectos con los que se impugnan las sanciones administrativas. Este es un tema apasionante, que muchas veces movió mi discusión como juez frente al efecto con que se deducían las impugnaciones judiciales (mal llamadas “recursos”) contra las sanciones del Banco Central de la República Argentina (imaginemos una sanción, luego anulada, de U$S 4.000.000, contra un empleado de un banco, y el “recurso” era con efecto devolutivo; el caso, más allá del monto de la sanción, es real). No me detendré en este punto, pero diría que hasta sería merecedor –debidamente ampliado– de una monografía aparte.
Los capítulos III y IV son un acabado tratamiento procesal del tema, que abarca desde el presupuesto subjetivo, ello es, las partes y el tribunal, hasta el proceso de ejecución judicial del acto, y finalmente los recursos contra la sentencia. A lo largo de la obra Stupenengo muestra su conocimiento no solo como abogado especializado, sino también como docente universitario, con desempeño en distintos ámbitos académicos, comenzando por la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Pontificia Universidad Católica.
Finalmente, para no extender más esta simple presentación, agrego que, con un lenguaje claro y preciso, con una abundancia de útiles citas doctrinarias y jurisprudenciales, nada superfluas ellas, el aporte del autor es sin duda valiosísimo para nuestro derecho y su lectura es insoslayable en el ejercicio profesional, cualquiera sea el lugar en que se esté, y para el ámbito académico. Vayan mis felicitaciones al autor por su notable esfuerzo que dio abundantes frutos, con la adjunta incentivación para que siga produciendo meritorios trabajos académicos –como hasta ahora, que son anteriores y posteriores al libro que se comenta–, hasta que algún día sean coronados con su tesis doctoral, que espero algún día comentar.
Pedro J. J. Coviello
Si bien estas pretensiones son usuales, varios ordenamientos procesales administrativos vigentes en Iberoamérica carecen de una regulación general especialmente diseñada para darle cauce; más bien contienen regulaciones sectoriales para la ejecución de determinados actos, como es el caso de la ejecución fiscal.
En función de ello, el autor repasa críticamente los procesos por los que debe ser encauzada la pretensión ejecutiva de actos administrativos, observando cuestiones que los profesionales actuantes deben atender al encararlos, y propone notas para su eventual futura regulación.