Tutela judicial de los derechos humanos

A partir de la segunda mitad del siglo XX las naciones, por sí mismas, ya no son las únicas garantes de la definición y el respeto a los derechos fundamentales. Ante la aceptación de competencias de órganos supranacionales para enjuiciar sus infracciones, los Estados ya no pueden alegar la inexistencia de normas de derecho interno para justificar los incumplimientos a los tratados que han suscripto.
Entre las problemáticas abordadas por la autora se destacan la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, el valor que se le reconocen a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y la tutela judicial de los derechos humanos.
El libro presenta una renovada utilidad sobre un tema tan complejo, con tantos intereses en juego y con tantos prejuicios que aún deben superarse.

“Debates sobre Derechos Humanos”, n° 3, 2019, p. 335

En la obra que se reseña a continuación, es necesario destacar cómo la autora ofrece al lector un estudio metódico, completo y a la vez claro acerca de la tutela judicial de los derechos humanos.

Dietz no solo hace una descripción del escenario actual del sistema interamericano de protección y su tutela judicial a nivel doméstico, sino también cuenta la evolución del constitucionalismo empleando para ello corrientes doctrinarias y jurisprudencia. Esta última es abordada de forma cronológica permitiendo un mayor entendimiento de cómo se ha llevado adelante la protección de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en los instrumentos internacionales por parte del Poder Judicial.

La autora propone una mirada de la Constitución Nacional, ya no en forma aislada sino también en clave convencional, puesto que a partir de la reforma constitucional de 1994 la importancia de los tratados internacionales en el orden jurídico interno ha cambiado completamente.

Para ello, Dietz en los primeros capítulos realiza una recopilación muy ilustrativa de esta evolución, así como sus antecedentes en materia de control judicial de constitucionalidad pretoriano, que tuvo como influencia el “constitucionalismo estadounidense”. Además, señala la evolución del derecho constitucional desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI y la apertura de nuestro ordenamiento jurídico interno hacia el derecho internacional, que ha tenido como objeto garantizar la vigencia de la Constitución efectivizando así los principios y derechos que ella consagra.

Afirma, por lo tanto, que el constitucionalismo ha buscado desde sus orígenes tutelar los derechos humanos en virtud de que estos son preexistentes a la creación de cualquier norma o tratado, por ser atributos esenciales del ser humano.

Especial hincapié hace en el análisis de la reforma constitucional del año 1994, en particular de su art. 75, inc. 22 cuando otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales con carácter de complementariedad a los derechos y garantías ya reconocidos en nuestra carta fundamental, integrando el denominado “Bloque Federal de Constitucionalidad”.

La autora destina un capítulo entero a aspectos tales como los antecedentes de este término en la Constitución, su definición, su fuente normativa y cómo ha sido abordado en la doctrina en nuestro país para resolver las posibles colisiones normativas que se presentan dentro del mencionado bloque.

A partir de dicha reforma se plantean nuevas perspectivas y cambios estructurales creando así un nuevo sistema de fuentes del derecho, que genera la problemática planteada en el presente trabajo en cuanto a determinar si la supremacía constitucional se ha desvanecido ante la supremacía convencional.

Dietz sostiene que en caso de conflicto normativo debe prevalecer la norma que sea más favorable a la persona, es decir, que rige una regla hermenéutica de pro hominis.

Además señala con énfasis que la Constitución Nacional no deja de ser suprema, puesto que es ella misma la que le otorga igual jerarquía a los tratados y, por consiguiente, continúa siendo la norma fundante del sistema; pero ante la aceptación de la competencia de órganos supraestatales, estos pueden enjuiciar en caso de incumplimiento al Estado, dado que los derechos que fueron reconocidos son operativos, de aplicación inmediata y los gobiernos están obligados a observarlos y garantizar su cumplimiento.

Para arribar a esta conclusión, Dietz realiza un análisis minucioso del “control de convencionalidad”, tanto en la jurisprudencia de la Corte IDH como de la Corte Suprema doméstica en cuanto a sus orígenes, objeto sobre el cual se practica, sus efectos, así como los sujetos que lo ejercen, concluyendo que dicho control complementa la supremacía constitucional.

Seguidamente, examina el valor que la jurisprudencia –internacional como local– y la doctrina –nacional como extranjera– otorgan a las recomendaciones emitidas por la Comisión IDH.

Por último, tratará la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte IDH, cómo se entiende que estas deben ser ejecutadas, sus efectos y la supervisión del acatamiento por parte de los Estados parte.

Dietz va a señalar, con sustento en dichos argumentos que, si bien son consideradas obligatorias las sentencias de la Corte IDH, también lo son las recomendaciones emitidas por la Comisión IDH, dado que los actos emanados de ambos órganos supranacionales forman parte del corpus iuris que constituye el Bloque Federal de Constitucionalidad, dentro del cual va a prevalecer el principio pro homine anteriormente mencionado.

De esta manera, la autora resuelve el eje central del que parte su labor y afirma que no es posible hablar de un enfrentamiento entre la supremacía constitucional y la supremacía convencional. Concluye que tanto el control de constitucionalidad como de convencionalidad convergen y, de modo coordinado y complementario, procurarán su objetivo máximo que es lograr una mayor tutela efectiva de los derechos humanos.

En síntesis, considero que la obra reseñada resulta un material que ilustra al lector de modo práctico y completo el escenario actual del sistema interamericano de derechos humanos y cómo este es aplicado en nuestro ordenamiento jurídico interno para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos internacionalmente reconocidos.

Romina G. Peñaloza