Sanciones administrativas en las relaciones de consumo

La Administración pública regula y controla las actividades de los particulares para satisfacer el interés general de la comunidad, e impone sanciones administrativas cuando no se cumplen sus regulaciones. Sin embargo, la potestad sancionadora de la Administración está limitada por los derechos y garantías fundamentales de los particulares. Paralelamente, los derechos de los consumidores deben ser protegidos por el Estado. ¿Cómo lograr un balance entre las facultades sancionadoras de la Administración pública, los derechos de los consumidores y usuarios, y las garantías de aquellos agentes regulados por el poder de policía del consumo? ¿Cuáles son las garantías que ostentan los proveedores de bienes y servicios en el marco del procedimiento administrativo sancionador? ¿Qué se entiende por un debido procedimiento administrativo sancionador en el marco de las relaciones de consumo? Estas y muchas otras preguntas son respondidas en este libro. De manera clara, ordenada y práctica, el profesional encontrará una guía para desempeñarse en esta área con solvencia y seguridad.