Responsabilidad profesional. 6

Visión integradora que permite colocar a los profesionales de las diversas disciplinas en condiciones de cumplir con el debido comportamiento en la relación clientes-usuarios, en especial en cuanto a las obligaciones asumidas y responsabilidad consiguiente.
 

Ámbito Financiero, 9/8/99, p. 85

Bajo la atenta dirección de Carlos A. Ghersi, se acaba de editar el sexto volumen de la colección denominada Responsabilidad Profesional. En esta oportunidad la edición apunta a analizar la responsabilidad de determinados funcionarios públicos, para lo cual se cuenta con el concurso de destacados autores. Así, en primer lugar se aborda la responsabilidad del juez a través del análisis de Osvaldo Gozaíni, para luego encarar la responsabilidad del magistrado del Ministerio Público mediante las reflexiones de Raquel S. Traiman; del mismo modo se profundiza en la responsabilidad del perito judicial, por parte de Guillermina Venini, y en la del defensor del pueblo cuya autoría pertenece a Elida Lombardi. Hasta aquí todo lo analizado e investigado por los distintos autores se desarrolla en torno al desempeño y funcionamiento en el marco de las instituciones; sin embargo, también se aborda un tema que si bien no escapa al citado marco se introduce en el terreno de las relaciones familiares como es la responsabilidad de los tutores y curadores judiciales, tema que describe y desbroza Fabiana Díez.

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Colegio Público de Abogados, octubre 1999, p. 16

Esta nueva obra de la colección de Ghersi sobre responsabilidad, toma especialmente el tema de esta materia referida a jueces, Ministerio Público, fiscales, peritos y defensores del pueblo.

Bajo la dirección del autor, varios estudiosos de los temas han volcado, en forma minuciosa y útil para el consultante, la responsabilidad de cada uno de estos funcionarios, perfilando su función, haciendo una antología histórica y determinando su actual función y las acciones que le caben al ciudadano frente a situaciones que genere su actuación.

En primer término, se refiere a la responsabilidad del juez, tema tratado por Gozaini, quien acota que “los jueces no conciben más responsabilidades que las procesales, los abogados reniegan de las potestades del juez para aplicar sanciones...”. Pareciera que, en nuestra condición de abogados litigantes, este es el tema que nos convoca diariamente y sobre el que pretendemos descargar todas nuestras frustraciones.

Sumamente útil, por ejemplo en el caso del Ministerio Público, institución que se nos aparece como difusa, analiza sus antecedentes, responsabilidades según la anterior legislación, y perfila, teniendo en cuenta la abundante jurisprudencia acumulada al respecto, la actual posición de los funcionarios. Toca incluso temas tan discutibles como la designación por decreto del Poder Ejecutivo sin acuerdo del Senado. Analiza la naturaleza de esta institución como órgano extra-poder, a partir de la reforma de 1994.

Cuidadosamente analizada, esta institución, que ha tomado gran ingerencia popular en los últimos años mediante su difusión en la prensa y a partir de la ley 24.946, su contenido y funciones, nos aclara como se manejó a través de los años y cómo fue cambiando su contenido y naturaleza jurídica.

Lo mismo cabe decir respecto a las funciones de los peritos y del defensor del pueblo, a quien la democracia incipiente nos hizo conocer, y que tuvo divulgación en los últimos años.

Finaliza con un apéndice en el que se incluyen los textos de las leyes 24.945, ley orgánica del Ministerio Público, y la 24.284, referente a la Defensoría del Pueblo.

Obra de suma utilidad en el caso de tener que plantear recurso contra estos funcionarios, cuya precisa responsabilidad se vio difusa y poco precisa, representa una guía certera y práctica, con abundantes citas de doctrina y jurisprudencia.

Susana M. Hendler